archivo

Y se hizo la Secretaría de Cultura: balance somero a un año, por Brenda J. Caro Cocotle


Por Brenda J. Caro Cocotle | Noviembre, 2016 

De la propuesta, pasamos al decreto; y del decreto a un largo ir y venir entre un reglamento y una ley, en el que el primero fue finalmente publicado este 3 de noviembre, y la segunda sigue en el tintero. Se está a menos de un mes de que se cumpla un año de que nos amanecimos con una Secretaría de Cultura, 91 semanas de operación de una “nueva” instancia de la administración pública que tendrá que vérselas con un recorte presupuestal de 21% respecto al recibido el año anterior: Secretaría de Cultura habemus.

Para la mayoría de creadores, gestores, investigadores y trabajadores del área, la Secretaría parece no tener plan, ni proyecto o rumbo, y es el resultado de una “falta” de política pública gubernamental en materia de arte y cultura. Con un poco más de atención es posible observar que: a) sí hay un planteamiento; b) este último tiene un eje muy preciso y c) el asunto es delicado, ya que no se reduce sólo a un repliegue del aparato estatal y a una privatización del sector, sino a un escenario más complejo cuyo centro es la producción del  valor del arte.

Uno de los aspectos que más ha sido motivo de discusión es la ruptura del binomio educación/cultura, base del modelo vasconcelista que predominó, al menos nominalmente, en el centro de la política cultural gubernamental por más de 70 años. El foco de atención, no obstante, debiera estar en el discurso que ha comenzado a articularse, el cual descansa en una retórica que convierte al arte y la cultura en activos a partir de su excepcionalidad, de manera que la creatividad y las “ideas” adquieren un valor económico, comercial y financiero en tanto se “transforman” en bienes y servicios, y por tanto objeto y sujeto de especulación; bajo una lógica corporativista y de regulación transnacional, mientras se pondera la efectividad de la cultura para solventar las desigualdades y problemas sociales derivados la política económica y el desmantelamiento del estado de bienestar en tanto “motor de desarrollo” (paliativo). Así, pareciera que los destinos de la Secretaría oscilarán entre la economía naranja y el arte como recurso; entre el blockbuster y los proyectos que pueden ser susceptibles de ser presumidos ante el BID, la OCDE o los informes de la UNESCO.

Llama la atención que la nueva estructura de la dependencia por un lado conserva la misma integración y flujo de operación existente en el CONACULTA e incluso tiende a la centralización y concentración de áreas, y  por el otro,  propone que instancias tales como el IMCINE, los Estudios Churubusco, el INALI, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CECUT y Canal 22, sean consideradas paraestatales. ¿Paraestatales como lo eran CFE y PEMEX y que ahora son denominadas Empresas Productivas del Estado? ¿Cuál es el sentido de la modificación en la nomenclatura? ¿Es el INALI equiparable a una industria cultural como el cine?

El cambio discursivo impacta también en otros niveles. Uno es lo que se entiende como administración pública de la cultura: cómo entiende la Secretaría su papel de “promoción y difusión”, de “acceso y dotación de infraestructura”, de “apoyo y fomento”. La discusión se ha centrado sobre todo en la permanencia o desaparición del subsidio estatal a través de becas, convocatorias, coinversiones, donativos; un pleito entre “becas sí o becas no”, sin prestar atención a la forma en cómo dicho subsidio se desdibuja hacia otras esquemas de financiamiento cercanos al microcrédito, el emprendedurismo o estímulos a la inversión. ¿Qué implica ello para las propuestas artísticas que no caben dentro de la “industria creativa”? ¿Volvemos todo “pueblos mágicos”? ¿Cómo hacer un contrapeso a los puntos flacos del eficine, efiteatro –y ahora el efiarte–, que obliga a los creadores a lanzarse a la caza de inversores , bajo una promesa de ser beneficiado, lo que tal vez no suceda? ¿La solución es asumir que hay que verse como empresa de sí mismo?

El otro cambio significativo concierne a la esfera laboral. Se comienza a “normalizar” a formas de contratación que fueron articuladas como soluciones temporales a la falta de viabilidad de plazas de estructura o cambio en los organigramas. Del profesional del sector se pasa ahora a la figura de “prestador de servicios”, usualmente contratado por proyecto: proveedor intelectual a la espera, outsourcing cognitivo. Paralelamente, se han multiplicado los sindicatos al interior de las dependencias (descontando los ya existentes en el INAH y el INBA) sin que haya claridad respecto a cuál de todos, en su momento, será reconocido como interlocutor válido, ni ante quiénes. Las autoridades de la Secretaría no han dicho nada al respecto. (Y mi cabecilla, mal pensada, considera que el silencio no es gratuito sino estrategia).

Además del desplazamiento discursivo, a este primer año de gestión de la Secretaría lo ha signado la poca transparencia en procesos que son capitales en términos de definición de una política cultural pública. En concreto, me refiero al  reglamento interno de la dependencia y a la Ley General de Cultura. Si bien es cierto se trata de regímenes regulatorios de distinto orden, y que por lo mismo, la competencia respecto a su definición es particular para cada caso e involucra actores específicos en uno y otro; hay un grado de discrecionalidad grave. ¿No debería haberse articulado mecanismos de diálogo abierto con los trabajadores de las distintas instancias dependientes de la Secretaría, quienes serán los que se vean regulados por el reglamento? ¿No deberían darse a conocer de forma pública los nombres de los asesores en materia de cultura, tanto de senadores como de diputados? ¿Quiénes son los que están dictando la ley? ¿A qué intereses representan? ¿Quién los eligió? ¿Bajo que criterios? ¿Por qué no son abiertas las sesiones de discusión, las de trabajo fuerte, en vez de articular una serie de foros en los que se reunió a un conjunto de invitados, sin justificación explícita de la selección, a dar una opinión y muchas gracias? ¿De verdad basta para asegurar la participación ciudadana una dirección de correo electrónico donde pueda dejar su sugerencia?

La opacidad tiene otras implicaciones. Si bien la entrada en funciones de la Secretaría no haya sido considerado asunto de interés para un sector de la población —esa población a la que supuestamente se busca “extender y garantizar el acceso a la cultura” y “recomponer el tejido social en su entorno”—, dado que no encontró una vinculación directa o se asumió como sujeto de derechos culturales, si lo ha sido para los denominados profesionales del sector.  Y pareciera que buscamos equilibrar los vacíos de información ya sea con medidas paliativas para mantener un “balance” (aunque eso agrave las circunstancias que precipitan el desajuste), ya sea adoptando una suerte de desapego maniqueo: “El Estado no somos nosotros”. Pero si el Estado no somos nosotros, entonces, ¿nos excluimos como ciudadanos?

La entrada en funcionamiento de la Secretaria ha revelado mucho de la manera en que creadores, académicos, gestores y demás nos consideramos, no partícipes, no actores, no responsables de una política cultural. ¿Cómo nos posicionamos entonces? ¿Qué es posible hacer? ¿Cómo nos asumimos en tanto parte de la problemática?

Y esta falta de reconocimiento es preocupante…

——

bc1

Brenda J. Caro Cocotle es Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y Maestra en Museos. Es Doctora en Estudios en Museos por la University of Leicester, Leicester, Inglaterra.

*El contenido publicado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista.