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Neoliberarnos: la deuda como política cultural de la 4T, por Diego del Valle Ríos


Diciembre, 2019

A lo largo de éstos primeros 12 meses de la 4T no he dejado de preguntarme sobre las potencias que yacen en nuestra organización como grupos de acción civil dedicados a defender y cuidar las condiciones bajo las cuales se producen, circulan y exhiben nuestras expresiones culturales. ¿Es la organización entre gremios el tejido que permitirá una estrategia de complicidades para hacer frente a la perpetua precarización neoliberal? Si los comunes son una serie de resonancias, ¿qué cadencias nos acercarán al ritmo, flujo y frecuencia de ese baile de rabia y regocijo? En otras palabras, ¿cómo armar a la manada?

Como la mayoría de ustedes, llego agotado al final del año y al principio de una nueva década después de transitar la incertidumbre que implica el contexto mexicano en perpetua crisis, la cual, pesa aún más con cada noticia sobre trans/feminicidios, enfrentamientos armados por la Guerra con el Narco, desapariciones y abusos de poder en general. A lo largo del 2019 compartimos una desaceleración económica; el flujo de dinero fue lento. Hay pero no llega. La desaceleración es el resultado de una reconfiguración geopolítica de la región aunada a la tensión que existe entre la política pública de austeridad de AMLO, la cual ha fracasado hasta ahora en desmantelar el entramado de precarización y empobrecimiento que sostiene al neoliberalismo en México; y una paranoia de clase que devino en proteccionismo ante la posibilidad de convertirnos en Venezuela.

En esa tensión es donde las políticas culturales del gobierno de AMLO, a través de la dirección de Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura y Lucina Jiménez en el INBAL, carecieron de sentido económico pues la administración del dinero público que las mantiene activas, reproduce violencias que aquejan a grupos de artistas y trabajadores del arte y la cultura. Como nos recuerdan nuestras compañeras feministas argentinas: “sacar del closet a la deuda […] significa primero hablar de ella […] significa hacerla visible y ponerla como problema común. Desindividualizarla.1 A partir de esto, el texto pretende comenzar a narrar la deuda de la Secretaría de Cultura para saber cómo funciona y cómo afecta.

El pasado mes de octubre quedó definido el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 a través del cual se designaron mil 668 millones de pesos del presupuesto total de Cultura para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (CCBC), proyecto del que recientemente conocemos un poco más a través de narraciones épico-coloniales.2 La aprobación de estos recursos demuestra que ya existe un proyecto del cual es importante conocer detalles de forma pública para permitir su debate y crítica antes de su cristalización estructural como algo inamovible.

Si la intención de esta administración es la de recobrar la confianza en las instituciones, debe de evitar actuar de acuerdo a una cultura política construida a través del ejercicio del clientelismo: esa toma de decisiones para el beneficio de aquellos que custodian y acumulan el poder económico, social y cultural a través de amistades instrumentales con el fin de obtener y perpetuar sus privilegios.

Por ello, es importante, por ejemplo, conocer planes arquitectónicos del CCBC (con sus respectivos estudios de impacto ambiental y perspectiva de género) así como nombres y contratos con constructoras3 y despachos de arquitectura a cargo del proyecto (se sabe que APRDLSP es parte del mismo, y he escuchado que Mauricio Rocha y Tatiana Bilbao también están involucrados). Así mismo, es importante hacer de conocimiento público las políticas y programas culturales particulares que darán forma al CCBC, al igual que la información alrededor del grupo de gestores culturales, historiadores, sociólogos, artistas, curadores y pensadores en general que están asesorando y debatiendo las propuestas, incluyendo aquellas específicas para Los Pinos.

Dicho recinto, a cargo de Homero Fernández Pedroza, tiene entre sus planes: el Museo de Sitio dedicado a Lázaro Cárdenas, que estará a cargo de Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia de México; la Casa de la Cultura Política, a cargo del ilustrador y caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”; y el Museo del Maíz, a cargo de Cristina Barros Valero, investigadora de la cocina, historia y cultura popular mexicana.

En el marco del discurso maniqueo4 de reconciliación nacional a través de la ideología racista del mestizaje5 y la perpetua folcklorización de los pueblos originarios, como lo señaló recientemente Yásnaya Aguilar en la Revista de la Universidad,6 ¿las políticas culturales a través del CCBC estarán (re)consolidando la estructura pigmentocrática en el campo cultural, misma que mantiene una concentración de poder intelectual en grupos blanco-criollos?

Como lo mencioné en un texto publicado anteriormente en esta plataforma (disponible aquí), el entramado de la blanquitud7 que está reforzando su poder a través del proyecto del CCBC, es un asunto alrededor del cual debemos exigir transparencia y participación ciudadana a través de nuestros gremios más allá de círculos intelectuales y artísticos privilegiados, que de acuerdo a la opacidad con la que se han manejado, no podemos esperar más que la instrumentalización de las expresiones culturales para el beneficio del poder del Estado-Nación: el necro-cisheteropatriarcado-racista, en su versión 2.0.

Se revela entonces la posibilidad de exigir que el CCBC se organice a través de políticas culturales plurinacionales que reconozcan e integren críticas y reflexiones que pueblos originarios hacen a través del EZLN y el CNI, por ejemplo. De esta forma, la propuesta de triangulación entre “Cultura Política”, la figura de Lázaro Cárdenas y el símbolo del maíz, por medio del CCBC, se revisaría no como un cimiento sino como una grieta para la deconstrucción y el desmantelamiento de los mitos nacionalistas del México país-crisol de culturas.

¿De qué formas estas futuras instituciones a través de sus dirigentes reconocerán dicho nacionalismo formado por los constructos culturales racistas y machistas de una sociedad asolada por la violencia del narcotráfico y la violencia sexual? ¿Cómo, a partir de lo anterior, la arquitectura implicada está pensando el “espacio público”?

No podemos pasar por alto que las formas en que se realizan los megaproyectos gubernamentales justifican entre sí la toxicidad de uno y de otro. A partir de ello, si como grupos de acción civil —formados por gremios de artistas y trabajadores del arte y la cultura—, permitimos la realización del CCBC de forma clientelar e instrumental, estamos avalando que el entramado institucional realice otras obras de la misma forma, como sucede con el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Transístmico, por ejemplo. La centralización nos responsabiliza a reorganizarnos auto/críticamente en relación a otras luchas que se suscitan en el territorio conocido como México. Un territorio construido por la violencia instaurada por élites blanco-criollas a lo largo de la Historia de México, violencia perpetuada tanto por la “izquierda” como por la “derecha”.

Continuando con el PEF 2020, éste también designó 600 millones de pesos al programa Cultura Comunitaria (CC), el proyecto organizado a través de 4 ejes de trabajo (Misiones por la diversidad cultural, Semilleros creativos, Territorios de paz y Comunidades creativas y transformación social)8 cuyo objetivo principal es “promover el ejercicio efectivo del derecho a la cultura y los derechos culturales de personas, grupos y comunidades; prioritariamente con aquellas que han quedado al margen de las políticas culturales”.

Si el proyecto está concebido a través del concepto purista y esencialista que el presidente Andrés Manuel entiende por cultura9 —un reducto que solo reconoce “la cultura” de pueblos originarios, la cual es una construcción política que el Estado-Nación ha hecho de la misma para su instrumentalización—,10 entonces es muy posible que dicho programa esté siendo instrumentalizado, paralelamente al CCBC, para (re)fundar una doctrina nacionalista de tintes liberales y evangélicos articulada por un paternalismo de izquierda caduca, en otras palabras, una variación de la imaginación política blanco-criolla, una ideología mediocre.

A partir de lo anterior, quisiera detenerme en el “derecho a la cultura” que busca garantizar el objetivo principal del programa Cultura Comunitaria a partir de su fracaso en la Ciudad de México. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la Capital Cultural de América, convirtiendo en estructura la lógica colonial del nuevo global culturalbranding de la Ciudad de México, hace uso de la explotación y el extractivismo como forma de organización laboral de quienes trabajan la primera versión de CC para la CDMX. Si “la Secretaria de Cultura [de la CDMX] no estaba preparada para su crecimiento”,11 como lo indicó su director Alfonso Suárez del Real, tal vez se debe en parte, a que la integración de nuestros gremios fue de forma injusta, insegura y abusiva.

Así lo demuestra la denuncia publicada en revista Código el 20 de noviembre, donde Promotores Culturales del Distrito Federal12 denunciaron “las condiciones laborales y el uso de programas sociales para abrir las puertas al trabajo precarizado y sin seguridad social por parte del gobierno de la 4T”.13 Al ser una de las pocas fuentes de trabajo disponibles, habríamos de exigir que esta primera versión del programa sea re-estructurada por los gremios para que devenga en condiciones laborales benéficas fuera de las lógicas neoliberales del Estado.

Parece ser que tanto a nivel local como nacional, la deuda como política cultural de la Secretaría de Cultura es la que mejor ha resultado. Así lo demuestra la precarización del trabajo artístico y cultural que también enmarca el retraso de sueldos de “prestadores de servicios” contratados bajo Capítulo 3000 por el INBAL,14 el pago a personal de base con cheques sin fondos y el retraso de pagos a proveedores de ese mismo instituto, o la cínica solicitud de EDUCAL para que editoriales renuncien al pago que les corresponde.

La deuda como política cultura ya es estructural, por ejemplo, el CCBC a través de Los Pinos actualmente realiza entrevistas de trabajo para iniciar labores inmediatamente con la advertencia que indica que los sueldos se pagarán hasta después del primer trimestre del 2020. En contraste, Homero Fernández Pedroza, encargado de Los Pinos, recibió $851,905.74 MXN por “servicios profesionales consistentes en coordinar, organizar, establecer, integrar y asesorar para la ejecución del programa de exposiciones, presentaciones culturales, conciertos, ferias y acciones de acceso a actividades artísticas y culturales de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural”.15

¿Cómo nos estamos organizando y enunciando como grupos de acción civil dedicados a defender y cuidar las condiciones bajo las cuales se producen, circulan y exhiben nuestras expresiones culturales? Como indica Tamara Ibarra en una conversación a publicarse en febrero 2020 como parte del próximo número de Terremoto, revista que edito: la consolidación gremial solo es posible a través de una disposición a llevar nuestra opinión política individual a una organización colectiva. Así como existen el MOCCAM, los Promotores Culturales del Distrito Federal o la Asamblea de Trabajadorxs de la Cultura CDMX, necesitamos más organizaciones y alianzas gremiales.

En sintonía con las demandas feministas y anti-coloniales en contra de la precarización de la vida, tal vez, esa mutualidad entre el soy y el somos se puede lograr con un primer ejercicio militante gremial que abogue por un derecho a la cultura llevado a su segunda ola: el derecho a ejercer el derecho a la/s cultura/s lejos de abusos laborales y la instrumentalización de expresiones culturales para fines folcklorizantes y/o intereses de las políticas neoliberales.

Sin embargo, ¿qué implica en el contexto pigmentocrático de México una posible organización gremial? Para mí, que me beneficio del orden de la blanquitud blanco-criolla, implica partir del reconocimiento de mis privilegios como responsabilidad dirigida a cuestionar las estructuras que me han otorgado dichos privilegios. Es reconocer que tengo a mi disposición ciertos recursos, como el de la enunciación en medios públicos, del que hago uso a través de este texto para preguntar a quienes participan de las instituciones públicas y sus proyectos de desarrollo cultural mencionados en este artículo:

¿Por qué continuar con los proyectos del CCBD y CC cuando claramente su realización es fundamento de la deuda de Secretaría de Cultura que ejerce la violencia económica a nuestro grupo de colegas Promotores Culturales del Distrito Federal y aquel grupo contratado bajo Capítulo 3000? ¿Tiene sentido ser partícipe de una (re)fundación nacional que no está desmantelando mitos racistas, machistas o clasistas? ¿Están dispuestos a traicionar su blanquitud y redistribuir sus privilegios o seguirán siendo cómplices del abuso de poder?

Organicémonos entonces para abrir diálogo, exigir respuestas e incidir en verdaderas transformaciones.

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1 Luci Cavallero y Verónica Gago, Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos (Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo, 2019), p. 11.

2 Érika P. Bucio, “Van al rescate del Bosque de Chapultepec”, publicado en Reforma el 11 de noviembre de 2019. Disponible para consulta aquí.

3 Incluyendo las respectivas subcontrataciones de obreros, albañiles y transportistas. Me pregunto, ¿cuánto recibe por jornada un albañil en equidistancia a los arquitectos que les emplean? ¿A quién le alcanza para vivir dignamente?

4 Alejandra Frausto, “Normalizar el arte, diversificar la cultura”, publicado en El Universal el 24 de junio de 2019. Disponible para consulta aquí.

5 Para más información sobre aproximaciones críticas a la ideología del mestizaje, ver: Federico Navarrate, México racista: Una denuncia (Ciudad de México: Grijalbo, 2018) y Federico Navarrate, Las relaciones inter-étnicas en México (Ciudad de México: Universidad Autónoma de México, 2004).

6 Yásnaya Elena A. Gil, “El estado mexicano como apropiador cultural”, Revista de la Universidad, Ágora (julio 2018). Disponible para consulta aquí.

7 Referirme a la blanquitud no se reduce al color de la piel. Siguiendo al filósofo ecuatoriano Bolivar Echeverría, la blanquitud —instaurada a lo largo de la historia por aquellos en el poder (en el caso de México hombres blanco-criollos)—, siguiendo a Max Weber, es un requerimiento ético, un espíritu de trabajo enfocado en mantener “la organización capitalista de la producción de la riqueza social” con el fin de unificar las identidades en el contexto de la modernidad. Es perpetuar la mediocridad, la indiferencia, el egoísmo, la competitividad y el sacrificio aspiracional como valores de la fuerza laboral para mantener la máquina capitalista a través de una identificación con los constructos de raza y nación, principalmente.

8 Dado que desconozco los detalles de las metodologías, epistemologías y reflexiones socioculturales que nutren los 4 ejes de dicho programa, hago un llamado a lxs colegas involucradxs a socializar sus reflexiones alrededor de esta información.

9 Sonia Sierra y Alida Piñón, “Lamentan concepto de cultura de AMLO”, publicado en El Universal el 19 de junio de 2019. Disponible aquí.

10 Ibidem., Yásnaya Aguilar.

11 Alida Piñón, “Secretaria de Cultura de la Ciudad de México no estaba preparada para su crecimiento”, publicado en El Universal el 5 de diciembre de 2019. Disponible aquí.

12 Me encanta el guiño al “Distrito Federal” como un posicionamiento anti-city branding a partir del cual podemos pensar un movimiento anti-neoliberal.

13 Promotores Culturales del Distrito Federal, “Cultura Comunitaria en la Ciudad de México: Jamesbondización del espacio público y precarización laboral bajo la 4T (Primera parte)”, publicado en Revista Código el 20 de noviembre de 2019. Disponible aquí.

14 Alida Piñón, “Palacio de Bellas Artes, aún cerrado por incumplimiento de prestaciones”, publicado en El Universal el 13 de diciembre de 2019. Disponible para consulta.

15 Vicente Gutiérrez, “¿En qué gasta la Secretaría de Cultura?”. Publicado en El Economista el 15 de diciembre de 2019, Disponible para consulta aquí.

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Diego del Valle Ríos (Ciudad de México, 1990) es gestor cultural y escritor independiente. Actualmente se desempeña como Editor en Jefe de la revista Terremoto. Vive y trabaja en la Ciudad de México.