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La realidad en México como representación, por Irmgard Emmelhainz


Fantasías democráticas y apuntes sobre la “coyuntura”

Octubre, 2018

“Una vez que la amenaza de participación popular haya sido superada, se podrán contemplar con certeza las formas democráticas”.

Noam Chomsky

Durante la primera mitad de 2018, la atención de los ciudadanos mexicanos estuvo enfocada en las elecciones. En recabar firmas para los candidatos independientes, en las campañas, en los penosos debates caracterizados por descrédito deshonesto, ayudas visuales patéticas y temas de discusión dirigidos a un público poco educado llegando a conclusiones irrelevantes (¿libre mercado o estatización de la economía?). El semestre acabó con el sentimiento triunfalista de los ciudadanos mexicanos de sensibilidad izquierda, quienes sentimos que el dogma del sueño democrático, con su gramática política basada en: democracia, elecciones, pobreza, libre mercado, crecimiento económico, corrupción, narcotráfico, impunidad, gobernabilidad, redistribución del ingreso — ¡Por fin! nos ha liberado de un régimen corrupto y autoritario. Y que después de cuatro elecciones, “ganó por quien votamos”, marcando un momento de ruptura en el que tener un líder nos permitirá salir del pantano.

La segunda mitad de 2018 comienza empapada de la euforia post-electoral de izquierda, con cápsulas a finales de agosto con fragmentos del último y poco creíble informe presidencial de Enrique Peña Nieto en radio, exaltando los logros de su administración relativos a la paz, inclusión, educación, prosperidad y responsabilidad global. La voz unánimemente mendaz de Peña Nieto se entrelaza con las promesas de López Obrador que comienza a desvelar paulatinamente los detalles de su “Cuarta Transformación”. Ambos discursos comienzan a hacerse eco de manera perturbadora. Por esos días, Elba Esther Gordillo sale liberada llevando cual encomendera en virreinato una sudadera Gucci puesta (que cuesta más o menos el equivalente a 10 meses de trabajo de salario mínimo) y con bríos para supuestamente dirigir de nuevo el SNTE.

El 3 de septiembre, ocurre un “ataque porril” a estudiantes en Ciudad Universitaria. El incidente inicia con una marcha de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco para protestar contra la directora que había desmontado un mural pintado por estudiantes. Su manifestación en la explanada de rectoría de la UNAM coincide con la tradicional ceremonia de intercambio de banderines que precede el inicio de temporada de juego de futbol americano colegial. Ambos grupos fueron repentinamente atacados por “un grupo porril”, lo que de inmediato genera flashbacks de los halconazos setenteros, con sus armas punzocortantes y bombas molotov, varas de bambú y de otate. Habiendo abundado teorías conspiratorias, la aparición y motivos del ataque porril fueron tan opacos como fue rápida la resolución de las autoridades de la UNAM, que concedieron de inmediato las demandas del pliego petitorio de los estudiantes en huelga para luego arrestar a los supuestos porros involucrados.

Le siguen flashazos anticipatorios del aniversario de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y jaloneo controvertido sobre la continuación o cancelación del proyecto del NAICM, uno de los emblemas del régimen de Peña Nieto (desde su gubernatura en el Estado de México) al que se le oponen atenquenses y activistas que son brutal y regularmente reprimidos, además de ciudadanos en redes sociales con la ridículamente individualista consigna-hashtag: #YoPrefieroelLago. Días antes, durante los festejos de la independencia, una banda de asesinos disfrazados de mariachi había balaceado la plaza Garibaldi en la Ciudad de México dejando como saldo 5 muertos, 8 heridos, pánico y la evacuación de la plaza antes de la hora del grito.

El buzz de esta semana está puntuado por la aparición de un container en Guadalajara con 157 (¿o 322?) cadáveres abandonado por las autoridades jaliscienses del que aparentemente no querían hacerse cargo. Enseguida, aparece la noticia que autoridades de ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Xalapa, Alvarado y Tijuana compraron trailers frigoríficos para almacenar cuerpos sin identificar porque sus morgues están saturadas. Parece que en total —cifra oficial, conservadora— existen otros 12 camiones llenos de cuerpos circulando por la República Mexicana. Y es que a ciertos gobernadores desbordados les pareció sensata la inversión en centros de refrigeración para guardar los cadáveres en tránsito de las innumerables fosas comunes en Veracruz o Tamaulipas, al proceso burocrático de identificación en las morgues municipales. Finalmente, el día en que se siente el clamor en redes y medios: “¡Nos faltan 43! (desde hace 4 años)”, se declara nula a la policía municipal de Acapulco para contener el crimen organizado, se arrestan a dos comandantes en un megaoperativo aéreo y terrestre y los militares proceden a tomar el control de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad. Todo adquiere de pronto tintes de serie político-policial: ¿No será que los 43 llevan cuatro años circulando en un container conducido por paramilitares posando de narcos?

La narrativa y el sentimiento nacional de elecciones justas, de promesas emancipadoras que estarán por cumplirse a partir de diciembre, fueron repentinamente opacados por el tema securitario, de represión, pánico, corrupción, ingobernabilidad, impunidad y una sensación de ciudad y país fuera de control. Sonaron los recordatorios urgentes del apocalipsis de violencia que vivimos en los sitios públicos, en los espacios e infraestructuras del Estado y en la institución más emblemática para el cambio político: la UNAM. Los eventos recientes diseminan un mensaje de impunidad (Elba Esther), penetrabilidad (UNAM), vulnerabilidad (mariachis asesinos), ingobernabilidad (militarización de Acapulco) e inseguridad (containers). En días pasados, aparecieron interminables notas sobre el cuarto aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y esta semana, sobre el cincuenta aniversario del movimiento y represión estudiantil de 1968.

El 1968 es emblemático porque marca el primer momento de nuestra “sociedad civil disidente” y el inicio de la transición del autoritarismo a las elecciones democráticas. Pero a diferencia del ’68, la opinión general es que nuestros estudiantes carecen de ardor revolucionario y rebeldía contra la autoridad paterna-gubernamental (como una de las versiones revisionistas del movimiento), porque están invadidos de apatía. Del mismo modo que los estudiantes de Ayotzinapa eran unos revoltosos sin causa otra más que vivir eventualmente de las prebendas del sindicato de maestros. En esa vena, de acuerdo con varios observadores, la UNAM está actualmente “neutralizada” por los problemas de la sociedad: narcomenudeo, femicidios e impunidad que reflejan “desborde” de estudiantes poco visionarios. Tal y como el gobierno del país “no funciona” más que para garantizar impunidad, lo mismo las autoridades de la UNAM permiten el “desborde estudiantil” en la antigua “casa de la razón máxima” del país.[1] 

Los problemas de ingobernabilidad, corrupción y de carencia Estatal y autoridad general, contribuyen a olvidar que la “coyuntura” de transición del gobierno de Peña Nieto al de López Obrador está también determinada por el fracaso del crecimiento sostenido y por el hecho que casi toda la infraestructura estatal y propiedad federal están privatizadas o concesionadas. Tanto los ataques en la UNAM como los mariachis asesinos, los containers llenos de cuerpos y la ingobernabilidad en Acapulco: son monstruos contra los que hay que defenderse e indignarse y exigir que los responsables paguen. Porque tenemos fe dogmática en la democracia y estamos cegados ante el chantaje normativo de la actual coyuntura.

Esta ceguera nos impide ver que las estructuras políticas están completamente disociadas de las económicas, como lo están los problemas políticos reales, de los escándalos mediáticos que generan parálisis, shock, indignación. Y que olvidamos que los procedimientos democráticos se establecieron en América Latina al mismo tiempo que las reformas económicas neoliberales, que han resultado desastrosas para la mayoría de la población. Y en la brecha que existe de facto entre la realidad política y la realidad económica de México, existe un hueco cavado por la falta de consideración de los patrones de violencia y despojo que acechan el país (los cuales abordaré más abajo). La disociación de ambas realidades, política y económica, se debe también a un doble movimiento en el que la hegemonía cubre verdades (la economía del libre mercado y sus efectos) mientras que envía mensajes represivos y preventivos (in)directos a la ciudadanía. Es decir, el poder selecciona y excluye los eventos que le dan estructura al presente que percibimos. Luego aplica una posibilidad de realidad entre muchas y al mismo tiempo, excluye e invisibiliza otras.

La manera en la que este mecanismo opera está ilustrado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: Mientras que el Estado se esforzó en establecer una “verdad histórica” en la que el culpable resultó ser el crimen organizado, la realidad de la desaparición forzada de los estudiantes (que fueron alumnos de la misma escuela donde se graduó el líder guerrillero Lucio Cabañas) es un mensaje claro (aunque invisible) de contrainsurgencia —ejecutada por milicias paramilitares— contra jóvenes estudiantes politizados que habitan en el Triángulo de Oro en Guerrero donde se encuentra Los Filos, la mayor minera en el país. Lo mismo, el reciente ataque de “porros” a los estudiantes en la UNAM es un mensaje de prevención represiva a la comunidad estudiantil. Y es que el enemigo ya no tiene necesariamente un rostro, porque dejamos de ser gobernados por un Estado autoritario y porque nuestro sistema económico dejó de estar respaldado por alguna figura histórica que pudiéramos demonizar, por ejemplo, el socialismo de Stalin, el conservadurismo de Clinton o el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari.

En la actual coyuntura, se hace clara la práctica de consenso manufacturado de Chomsky como la propaganda bajo (de la) democracia. Si la presidencia de Enrique Peña Nieto puede verse como un fallo estratégico de desconocimiento de “lo que quería el pueblo” y todo México rechazó al burdo presidente salido de una pantalla de Televisa, luego abrazamos a un presidente afín al ideal de transición democrática, resultado del funcionamiento “adecuado” del sistema electoral que reemplazó al monopolio autoritario del PRI, y a la sociedad civil que tiene un espacio para denunciar la corrupción y exigir soluciones para cerrar la brecha de desigualdad que impera en el país. Como ya pudimos elegir, el control social y la dominación dejan de aparecer como cercos de la libertad de los sujetos disfrazados de garantías para el crecimiento económico. ¡Es más! La semana pasado pudimos comprobar que la democracia de López Obrador sí funciona: al haber asignado al ultrancoservador Partido Encuentro Social (PES) las comisiones de Salud y Cultura en la Cámara de Diputados, activistas, miembros de la sociedad civil, intelectuales y agentes culturales se movilizaron de inmediato para exigirle a Morena que el PES no presida dichas comisiones. En dos días, se reasignó al PES a las comisiones del Deporte y del Trabajo y Previsión Social. Siguió una explosión de felicidad de los ciudadanos al comprobar el sano funcionamiento de las estructuras de disidencia del país.

Sin embargo, la experiencia de nuestra libertad democrática es en realidad una carga que nos quita la verdadera opción de cambio. Es decir, la “ilusión democrática” significa aceptar los mecanismos democráticos como el único mecanismo de cambio posible. Morena pasa por ser la única garantía de la prosperidad y estabilidad del país, lo que demuestra la paradoja de un país secular que sigue confiando en la autoridad del Gran Otro, en esa autoridad simbólica que sostenga nuestra forma de vida. Aunque claramente, en nuestra democracia, el mercado es más poderoso que las elecciones y como resultado, tenemos un Estado vacuo, transformado en holograma por la privatización y concesiones de infraestructura, servicios y recursos públicos. De allí que el denunciar la ineficacia del gobierno —por corrupción e ineficiencia— sirve como elemento de aglutinación de la sociedad civil, que en vez de exigir el cese del despojo, explotación territorial y catástrofe medioambiental, se une para exigir que el gobierno “funcione” de acuerdo con el ideal tecnócrata de que se escuche la voz ciudadana, se cumplan las leyes y que las instituciones públicas funcionen partiendo que la meta principal es “lograr gobernabilidad con un mínimo de represión y propiciar el crecimiento económico”[2]. Por eso el consenso democrático implica reforzar las estructuras estatales, lo cual implica justificar el modelo de limpieza territorial en curso, ignorando el daño colateral del capitalismo absolutista.

Sintomáticamente, fenómenos como Los Zetas, los huachicoleros, los Caballeros Templarios, las policías comunitarias, los movimientos de resistencia contra la extracción, despojo y megaproyectos por todo el país, son homogeneizados y puestos en la misma canasta que conjuga al “crimen organizado” con “falta de Estado de Derecho”. Lo que es más, no toma en cuenta cómo la presencia de mineras y megaproyectos han afectado al tejido social (destruyéndolo, desplazando a miles de indígenas y mestizos de sus tierras) y a las instituciones (haciéndolas porosas), y cómo las privatizaciones y la liberalización del mercado han cambiado radicalmente la función del Estado — ahuecándolo, despolitizándolo y transformándolo en el administrador de los recursos del país. Y precisamente el punto ciego de los tecnócratas, para quienes la gente, el territorio, la tierra, los comunes, son abstracciones aparentemente al servicio de los mercados globales, es su omisión o ignorancia de los patrones visibles de violencia en el país.

Según varios periodistas y académicos, las formas de violencia que se ejercen en México desde 2006, constituyen una nueva forma de paramilitarismo y contrainsurgencia subcontratados que están beneficiando al sector privado y corporaciones trasnacionales. Es decir, organizaciones criminales como Los Zetas o Guerreros Unidos son el vehículo a través del cual los intereses económicos del Estado y de las corporaciones están siendo asegurados. [3]

De acuerdo con Dawn Paley, la guerra contra las drogas es en realidad una forma intensificada de “doctrina de shock”[4] que toma las formas de una guerra civil y de la práctica contrainsurgente de la desaparición forzada[5] para generar pánico y terror en la población y desplazar poblaciones urbanas y rurales generando cambios en la propiedad de la tierra facilitando la explotación de recursos.[6] Bajo esta lógica, no se trata de un “mínimo de represión” ni de “mantener el Estado de derecho” para lograr conectar los flujos de capital del territorio mexicano al resto del planeta. Se trata de grupos armados atacando a los ciudadanos con el objetivo de reforzar su control de los territorios y perpetuar el terror ejerciendo una forma de “limpieza de territorio” para facilitar proyectos de infraestructura y extracción de recursos por corporaciones trasnacionales y privadas.

Un ejemplo donde se observa claramente este patrón es la zona de la Cuenca de Burgos, que abarca Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el Norte de Veracruz, cuyo subsuelo contiene la cuarta reserva mundial de gas esquisto —conectada con la del subsuelo de Texas— y que es un territorio controlado por completo por los Zetas y donde es evidente el patrón de extorsión, desaparición forzada, violencia, creación de pueblos fantasmas e instalación de compañías de extracción de gas esquisto. Federico Mastrogiovanni describe cómo muchas empresas trasnacionales que extraen hidrocarburos a nivel global, están utilizando la técnica de apoyar gobiernos autoritarios para generar o difundir un alto nivel de violencia y terror que resulta en desplazamiento forzado de las poblaciones que viven en zonas ricas en hidrocarburos. En el caso concreto de México, las instituciones no hacen nada por resolver los casos de desaparición o extorsión, y de acuerdo con Mastrogiovanni, vivimos en una situación genocida. No hay más que teclear en el buscador de internet: “San Miguel de Aquila”, “Valle de Juárez”, “El Porvenir”, “Práxedis” o “Carrizalillo”, toda la información y testimonios están allí.

Claramente, las agendas económicas son las fuentes de conflicto en la nueva guerra sucia/civil en un México gobernado por un sistema de expertise despolitizado incapaz de dar cuenta de la tensión entre los dos aspectos de la modernidad que lo gobiernan: la interacción dinámica entre los individuales que desean y producen y se autorregulan en el mercado y las distintas formas de control, corrupción y limpieza social necesarias para que lo anterior sea posible.

El México “subdesarrollado” e “ingobernado” del imaginario tecnocrático funge como recurso para ser explotado a partir de la fantasía de tener territorios despoblados con recursos ilimitados y mano de obra barata desarraigada y dispuesta (o convencida por el ejercicio “mínimo de Estado de derecho”) a reconvertir sus formas de vida y ganarse la vida con base en las demandas del mercado global. Desde esta perspectiva, el capital es la única forma de valorar los territorios: como megaproyectos y a través del lenguaje de la extracción y desarrollo, enmarcados por narrativas avocadas a la producción de plusvalía a corto plazo. De allí que la pobreza se conciba como “falla” económica y social, siendo que “los pobres” en su mayoría indígenas, se conciban bajo una lógica que es coherente con el papel que han tenido siempre en la concepción de México como colonia y luego como Estado-nación.

Por ello, ante la actual coyuntura, lo que debe aglutinar a la sociedad civil no es la indignación contra el gobierno, sino el saber que el resultado del modelo del capitalismo desarrollista son guerras civiles e irreversibilidad del cambio climático y sus efectos, que el daño colateral del modelo económico estas semanas se nos manifiesta como centenas de cuerpos circulando en trailers refrigerados. Saber que todo megaproyecto es una catástrofe medioambiental y social originada en el despojo genocida del territorio en continuidad con el desmantelamiento masivo de la sustentabilidad del campo mexicano.

Que el orden neoliberal global es una máquina para generar formas de urbanización extrema enraizadas en la desigualdad; que la violencia en el país debe de ser mirada a través del lente de la continuidad de la guerra sucia contra la guerrilla en México desde los 1960 en Michoacán, Guerrero, Chihuahua que ahora incluye métodos para infringir y maximizar el terror como decapitación, desmembramiento, secuestro en masa, coches-bomba, bloqueos, ejecuciones, disolución de cuerpos. Y que hoy, el secuestro, extorsión, tráfico humano y de armas, huachicoleros y venta de acero, son frentes de negocios ilegales tolerados por las redes de complicidad entre redes criminales, políticos, autoridades federales y compañías trasnacionales. El saldo oficial de la “guerra contra las drogas” es de cien mil muertos y veintisiete mil desaparecidos. Decenas de miles de ciudadanos se han convertido en refugiados internos u obligados a salir del país.

Ante este panorama, ¿cómo asegurar los derechos del mundo natural y de los pueblos “indígenas”? ¿Cómo derrocar la tiranía del 1%? ¿Cómo garantizar las condiciones para la reproducción material y simbólica de la vida colectiva en condiciones de amenaza y despojo? ¿Cómo sustituir redes de competitividad en los mercados por tramas de interdependencia y sustentabilidad en los territorios? ¿Cómo lograr una confederación de territorios autónomos sin que la idea cause pánico generalizado?

Estamos viviendo en el cadáver del capitalismo que comienza a pudrirse. Las hegemonías están rotas. Los indígenas desertando del proyecto de nación existen de verdad. Lo que se llama política no comienza con el acto de votar o de comprometerse, sino abriendo espacios de reflexión que no hayan sido todavía colonizados por el imaginario político que prevalece. Un imaginario de democracia basado en una lógica triunfalista del “bien” democrático contra el “mal” criminal y tirano, y en la obligación de que cada quien debe rascarse con sus propias uñas. Un imaginario de democracia que contiene aperturas para actuar a medias, para aplacar la urgencia de estar activos y hacer algo, porque el poder prefiere la “participación crítica” al silencio. Sólo la verdadera imaginación radical podrá traer un cambio de paradigma, de una economía basada en la utilidad de la tierra, a la organización política que apueste por la vida a partir de derechos de autogestión sobre el territorio, inclusive áreas urbanas, haciendo proliferar ZADs y haciendo común los medios de reproducir la vida y la resistencia.

Imagen: unamglobal.unam.mx

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[1] Juan Villoro en entrevista con Mónica Maristain para Sinembargo, 23 de septiembre de 2018 disponible aquí.

[2] Carlos Elizondo Mayer-Serra, “Mal gobierno: el estado incompetente”, ¿Y Ahora qué?, p. 131.

[3] Guadalupe Correa-Cabrera, Los Zetas: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico (San Antonio: University of Texas Press, 2017).

[4] Ver: Naomi Klein, The Shock Doctrine (Toronto: Random House Canada, 2007).

[5] Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos (México: Grijalbo, 2014).

[6] Dawn Paley, Drug War Capitalism (Oakland: AKA Press, 2014).

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Irmgard Emmelhainz es escritora e investigadora independiente. En 2012, la BUAP publicó su colección de ensayos: Alotropías en la trinchera evanescente: estética y geopolítica en la era de la guerra total. Ha sido invitada a impartir seminarios, conferencias y cursos a instituciones internacionales y sus textos han sido traducidos al chino, alemán, italiano, serbio, noruego, alemán inglés, francés, árabe, español y hebreo para revistas y journals especializados en cine, arte, política y cultura. Sus más recientes publicaciones son La tiranía del sentido común: la reconversión neoliberal de México (Paradiso, 2016), El cielo está incompleto: Cuadernos de viaje en Palestina (Taurus, 2017) y Jean-Luc Godard’s Political Filmmaking (Palgrave-Macmillan), que está por salir de la imprenta.